| Título: | Disolución de derechos y ciudadanías restringidas bajo mercados oligopólicos. Un análisis sobre el debate de la “Ley corta” del audiovisual y las TIC |
| en : | |
| Autores: | José Pablo Carro, Autor ; Diego Rossi, Autor |
| Tipo de documento: | documento electrónico |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| Dimensiones: | 20 p. |
| Langues: | Español |
| Materias: |
02 - Temático General - UNESCO Acceso a la información ; Competencia económica ; Derecho a la información ; Derechos culturales ; Derechos sociales y económicos ; Medios de comunicación de masas ; Monopolio ; Televisión ; Televisión comercial ; Televisión por cable |
| Etiquetas: | Servicios audiovisuales -- monopolíos -- oligopolización -- prestadores de servicios -- derechos ciudadanos -- derecho de acceso a servicios de información y comunicación -- Ley 26522 |
| Resumen: |
El acceso a servicios audiovisuales diversos, y a una conectividad infraestructural para Internet resultan materialmente constitutivos del ejercicio contemporáneo del derecho humano a la comunicación, de acuerdo a la doctrina de las Naciones Unidas (2016) y diversos organismos multilaterales.Su restricción directa por carencias de soportes materiales, por trabas normativas, o a través de vías indirectas por posiciones dominantes de actores preponderantes, o por el establecimiento de costes inasequibles supone una restricción al ejercicio ciudadano de dicho derecho.
En Argentina, el creciente proceso de oligopolización e integración ampliada de prestadores de servicios, sumada a las modificaciones normativas que coadyuvaron a los modelos de negocios de la denominada “convergencia de servicios” han constituido fuertes retrocesos, o regresión de derechos en los servicios de comunicación audiovisual. Son políticas públicas contrarias al esquema doctrinario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la doctrina de fomento de la diversidad cultural bajo el paradigma de la UNESCO y a los valores de la Ley 26522 LSCA. Habiendo sido la televisión por suscripción reencuadrada como “servicio TIC” de acuerdo al DNU 267/15–decisión gubernamental ratificada y potencialmente ampliada a través del proyecto de “Ley Corta o Ley Telefónico-satelital”-, revisamos las vulneraciones de los derechos de las audiencias y de los sujetos tutelados por la normativa audiovisual, además de la dilucióno ausencia de medidas anticoncentración y de regulación asimétrica ante posiciones significativas o dominantes de mercado. Asimismo, constatamos fuertes asimetrías en el cuadro tarifario de la empresa convergente dominante, tanto por servicio como por áreas de cobertura, respecto de otros prestadores “en convergencia”. La implementación del “proyecto de la convergencia plena” desdibuja las posibilidades concretas de existencia de una variedad de licenciatarios o prestadores de servicios, más allá de la tríada de grandes grupos infocomunicacionales privado comerciales con presencia (supra)nacional. Revisamos la situación y posicionamientos de prestadores cooperativos, comunitarios, u otros sin fines de lucro o gestionados por entes públicos. A través del concepto “canasta básica de consumos de información y comunicación” que a principios de 2018 no costaba menos de $2300 mensuales por hogar -además de no contemplarse precios justos y razonables para los sectores más vulnerables-, damos cuenta del reemplazo de una mirada de política pública que identifica personas y colectivos sociales como sujetos de derechos ciudadanos,por aquella que justifica la existencia de consumidores cautivos aún bajo discursos legitimadores de la libre competencia y el emprendedorismo.- |
| Tipo documento SNRD : | documento de conferencia |
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